DELITOS FINANCIEROS FEDERALES
Los delitos financieros federales consisten en numerosos delitos graves, pero los más comunes son la malversación, el robo o hurto, el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero. Los delitos de malversación y robo representan sistemáticamente alrededor de una cuarta parte de todos los delitos financieros. Además, los delincuentes de fraude a instituciones financieras y de fraude a los beneficios del gobierno también han estado entre los cinco tipos más frecuentes de delincuentes de delitos financieros.
Los casos de delitos financieros federales suelen ser extremadamente complicados. Sin embargo, si usted se enfrenta a un delito de fraude en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que trabaja en estrecha colaboración con la Oficina Federal de Investigación (FBI) y muchas otras agencias federales de aplicación de la ley, tiene recursos ilimitados para investigar y procurar una condena. Llame ahora a la Alianza Financiera para una consulta gratuita.
Fraude Relacionado Con La Covid
Los procesamientos por fraude han aumentado rápidamente con la aprobación de la ley de ayuda económica de 2,2 billones de dólares conocida como Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES), que fue diseñada para proporcionar fondos de emergencia a particulares y empresas. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha proporcionado importantes recursos y para investigar y perseguir el fraude en 3 programas muy populares:
Fraude del Programa de Protección de Cheques (PPP)
Entre los esfuerzos del departamento destacan los casos presentados por la Sección de Fraude de la División Penal, que incluyen a más de 120 acusados de fraude al PPP hasta la fecha. Los casos implican una serie de conductas, desde propietarios de empresas individuales que han inflado sus gastos de nómina hasta defraudadores en serie que han revivido corporaciones inactivas y adquirido empresas ficticias sin operaciones reales para solicitar múltiples préstamos
Fraude en los Préstamos por Daños Económicos (EIDL)
El Departamento de Justicia también se ha centrado en el fraude contra el programa EIDL, que fue diseñado para conceder préstamos a pequeñas empresas, entidades agrícolas y sin ánimo de lucro. Los demandados han sido acusados de dirigirse al programa solicitando anticipos y préstamos del EIDL en nombre de empresas no elegibles de nueva creación, ficticias o inexistentes, y desviando los fondos para fines ilegales.
Fraude al Seguro de Desempleo (UI)
Debido a la pandemia del COVID-19, se han asignado más de 860.000 millones de dólares en fondos federales para las prestaciones del seguro de desempleo hasta septiembre de 2021. Los grupos delictivos organizados internacionales se han dirigido a estos fondos utilizando identidades robadas para solicitar las prestaciones del UI. Los defraudadores nacionales, desde los ladrones de identidad hasta los reclusos, también han cometido fraudes al UI. En respuesta, el departamento creó el Grupo de Trabajo Nacional contra el Fraude al Seguro de Desempleo, un grupo de trabajo interinstitucional dirigido por fiscales con representantes de más de ocho agencias federales de aplicación de la ley.
En el primer trimestre de 2021, el Departamento de Justicia ha procesado a cerca de 500 acusados con delitos penales basados en esquemas de fraude relacionados con la pandemia de COVID-19. Estos casos implican intentos de obtener más de 569 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos y de individuos desprevenidos a través del fraude y se han llevado a cabo en 56 distritos federales de todo el país.
Malversación-Robo, Fraude Y Delitos De Cuello Blanco
18 U.S.C. § 641 | Malversación y Robo
Las leyes federales de malversación de fondos se centran en el robo al gobierno federal. Esto incluye el robo de bienes que son propiedad de una entidad privada pero pagados por el gobierno.
Las leyes federales de malversación de fondos se desglosan según el tipo de dinero o bienes robados.
La § 641 castiga la malversación de cualquier cosa de valor que sea propiedad del gobierno de los Estados Unidos y que tenga un valor superior a 1.000 dólares, con un máximo de diez años de prisión y multas máximas de 250.000 dólares o hasta la cantidad robada, lo que sea mayor.
Definición de Fraudes y Estafas
El 18 U.S.C. § 1341 define el fraude como cualquier engaño o tergiversación intencional utilizado para beneficiarse a sí mismo o a otra persona. A través de sus procuradores en la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos, el gobierno federal penaliza varios tipos de fraude específicamente identificados bajo las leyes federales. Estas leyes identifican tipos específicos de delitos de fraude, cada uno de los cuales tiene penas específicas asociadas.
Fraude Postal
El 18 U.S.C. § 1341 define el fraude postal como aquel ejecutado por cualquier persona que utilice el correo de los Estados Unidos o cualquier servicio de entrega interestatal en un intento de realizar un fraude. Una de las leyes federales más frecuentemente procesadas, el fraude postal es usualmente imputado por fiscales federales porque puede aplicarse en muchas situaciones y procede con cualquiera que utilice el correo o cualquier servicio de entrega interestatal. La sentencia máxima bajo el 18 U.S.C. § 1341 es de 20 años en una prisión federal.
Fraude Postal y Crimen Organizado
Una persona acusada de fraude postal corre el riesgo no sólo de ser condenada por ese delito, con una multa significativa y tiempo de prisión, sino también de ser acusada de crimen organizado. Si el acusado actuó en conjunto con otra persona, la fiscalía también podría acusar bajo la Ley sobre Organizaciones Influidas por la Extorsión y la Corrupción (RICO). Una condena por RICO expone al acusado a un castigo significativamente mayor en multas y encarcelamiento.
18 U.S.C. § 1343 | Fraude Electrónico
El delito federal de fraude electrónico se produce cuando alguien utiliza voluntaria e intencionalmente un dispositivo de comunicación interestatal, incluyendo Internet, como parte de un plan para defraudar a otro de la propiedad o cualquier otra cosa de valor.
Debido a la amplia naturaleza de estas leyes, el fraude postal y el fraude electrónico son comúnmente acusados en una amplia gama de casos. Por ejemplo, alguien que paga un soborno o una coima suele utilizar el teléfono, el correo electrónico o la carta en algún momento del proceso. Debido a esto, los fiscales federales pueden acusar a la persona de fraude electrónico o fraude postal además de soborno, corrupción o cualquier otro cargo que pueda aplicarse. La pena máxima en virtud del 18 U.S.C. § 1343 es de 20 años de prisión federal.
18 U.S.C. § 1344 | Fraude Bancario
El fraude bancario involucra un plan para defraudar intencionalmente a un banco mediante el uso de falsas pretensiones, representaciones o promesas. Esta sección abarca una amplia gama de actividades delictivas, desde la falsificación de cheques bancarios hasta el suministro de información falsa en las solicitudes de hipotecas o préstamos. Una condena conlleva una pena de hasta 30 años y 1.000.000 de dólares de multa.
18 U.S.C. § 1347 | Fraude en la Atención Sanitaria
El fraude en la atención sanitaria es un delito en el que alguien utiliza mentiras, engaños o falsedades al presentar una reclamación de atención sanitaria para obtener un beneficio o alguna clase de ventaja. No hay un solo tipo de fraude en la atención sanitaria, y los proveedores de atención médica, los pacientes e incluso las aseguradoras de salud pueden cometer este delito. El fraude en la atención sanitaria es un delito contemplado por las leyes estatales y federales de California y tiene importantes penas potenciales. Una condena federal bajo esta sección conlleva hasta 10 años de prisión.
FEDERAL FIREARMS CRIMES
U.S. firearms laws currently govern the possession and transfer of firearms and provide penalties for violating such laws. “Gun trafficking,” although not defined by statute, essentially includes the movement or diversion of firearms from legal to illegal markets.
Four federal statutes govern U.S. commerce of firearms domestically and internationally. Many states supplement these federal statutes and have firearms laws of their own that are stricter. Domestic commerce and importations into the United States are generally regulated under the National Firearms Act of 1934 (NFA) and the Gun Control Act of 1968 (GCA). The exportation of firearms from the United States is regulated by the Arms Export Control Act of 1976 and, to a lesser extent, the Export Administration Regulations (EAR).
CITIZENS & LEGAL PERMANENT RESIDENTS (LPR)
The GCA does not distinguish between citizens and legal permanent residents (LPR); both are eligible to receive, possess, and transfer firearms and ammunition as long as they are not in one of the categories of prohibited persons.
Non-immigrants are admitted for temporary stays—sometimes for several years. In general, non-immigrants are not eligible to purchase and take possession of firearms or ammunition in the United States.
COMMON FEDERAL GUN CRIMES
The GCA does not distinguish between citizens and legal permanent residents (LPR); both are eligible to receive, possess, and transfer firearms and ammunition as long as they are not in one of the categories of prohibited persons.
Non-immigrants are admitted for temporary stays—sometimes for several years. In general, non-immigrants are not eligible to purchase and take possession of firearms or ammunition in the United States.
The Federal government provides a broad definition under 18 USC § 921 to cover most firearm-related crimes. In addition, a narrow definition that is provided in 26 USC § 5845(a) lists specific types of firearms, modifications, and destructive devices. A defendant can be charged under one or both statutes, but it is important to understand how broad § 921 is and how it is applied.
Under this statute, a firearm is defined as:
- Any weapon which is or will be designed or is readily converted to expel a projectile by the action of explosive;
- The frame or receiver of any such weapon;
- Any type of silencer or muffling device; or
- Any destructive device.
This definition does not include firearms manufactured in or before 1898 under the “antique firearm” exception. Nor does it concern itself with the functionality of the “firearm,” only that there was an intent for the item to be used as a weapon.
Prosecutors can argue that if a frame or receiver is a firearm, any simple piece of metal intended to be used in a weapon qualifies as a firearm under this statute. Therefore, it is essential to hire a federal criminal defense attorney that understands the nuance and differences of each type of firearm charge or accusation so that you can receive the most knowledge and experienced defense possible. Call us now for a free consultation.
Federal gun laws prohibit possession of or selling/giving firearms or ammunition to felons and certain classes of people. Both crimes may be punishable by up to 10 years in prison. In addition, felons may receive a minimum sentence of 15 years without parole if the felon has three or more prior convictions for a felony crime of violence (e.g., burglary, robbery, assault, possession of offensive weapons) and/or drug trafficking felony (18 U.S.C. § 924(e)).
ists several classes of people who are categorically barred from owning a gun, including:
- Fugitives from justice, meaning anyone who has fled any state to avoid prosecution
- Drug addicts and drug users, as defined in the Controlled Substances Act
- The mentally ill or anyone committed to a mental institution
- Illegal immigrants
- Anyone who has been dishonorably discharged from the Armed Forces
- Anyone convicted of a misdemeanor crime of domestic violence
The Supreme Court has decided that a person can be “in possession” of a firearm even when they are not carrying a gun on their person. Instead, “possession” is defined as having the intent and ability to control a weapon. It is important for gun owners to know the law and know their criminal history and legal status.
This is a significant statute because any sentence must be served consecutive to any other sentence. Punishment can range from a minimum of 5 years to life imprisonment, without parole, or death if death results from using a firearm. Mandatory minimum sentence increases depending on: the type of firearm involved (e.g., machinegun), whether the gun was possessed, brandished, discharged, and prior convictions under this section.
STOLEN FIREARMS AND AMMUNITION
Prohibits the receipt, possession, concealment, storage, bartering, selling, or disposing of stolen firearms and ammunition knowing or having reason to believe the firearm or ammunition is stolen. Punishable by up to 10 years.
Prohibits stealing or unlawfully taking away firearms from the business inventory of a Federal firearms licensee. Punishable by up to 5 years.
Prohibits stealing a firearm that has moved in commerce. Punishable by up to 10 years.
UNLAWFUL POSSESSION, MANUFACTURE, OR TRANSFER OF CERTAIN FIREARMS AND DEVICES
makes it unlawful to transport, ship, receive or possess
a firearm with the manufacturer’s serial number obliterated, removed, or altered. Punishable by up to 5 years imprisonment.
makes it unlawful to possess or transfer a machinegun.
Punishable by up to 10 years imprisonment.
makes it unlawful to manufacture, transfer or possess
a semi-automatic assault weapon manufactured after September 13, 1994. Punishable by up to 5 years imprisonment.
makes it unlawful to transfer or possess a large capacity ammunition feeding device (holding more than ten rounds) manufactured after September 13, 1994. Punishable by up to 5 years.
make it unlawful to possess or make a machinegun, sawed-off shotgun, sawed-off rifle, silencer, or destructive device without registration. Punishable by up to 10 years.
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